Panamá: Un Viaje a Través de la Historia de Lucha por la Soberanía y Democracia. Desde la Independencia a los Desafíos Actuales, descubre el Camino hacia una República Digna. ¿Qué Nos Revela la Historia sobre las Próximas Elecciones en 2024?
Una historia de lucha por la soberanía y la democracia
La historia de Panamá se ha caracterizado por una constante dependencia e injerencia de estados externos y su lucha por obtener soberanía e independencia. España, Colombia y más recientemente Estados Unidos, han sido países frente a los cuales Panamá ha tenido que reafirmar su soberanía y apostar por la construcción de una república democrática digna para sus ciudadanos. Quizá el más emblemático de esos procesos fue el que produjo la independencia definitiva de Colombia a principios del siglo XX. Y gracias al cual, Panamá pudo iniciar una senda republicana hasta el día de hoy, aunque no sin algunos tropiezos en el camino.
Además de lograr lo anterior, el proceso independentista de Colombia cobra gran importancia, ya que este no hubiera sido posible sin la influencia de los Estados Unidos. País que para la época tenía grandes intereses económicos en el istmo, con el fin de construir un canal interoceánico que permitiera un mayor y más rápido flujo comercial entre el Pacífico y el Atlántico.
El peso de la injerencia estadounidense
Como era previsible, la injerencia norteamericana no se agotó una vez conquistada la independencia, ni mucho menos, una vez construido el canal. Por el contrario, y justamente a raíz de este, durante casi todo el siglo XX el país fue fuertemente controlado e influenciado por la política e intereses estadounidenses. En particular, el área conocida como ‘la zona del canal’, un territorio que, según el Acuerdo de la Convención Hay-Bunau-Varilla y el Tratado Herrán-Hay fue destinado a la construcción, administración y operación del canal. Y que se rigió durante décadas por leyes y regulaciones estadounidenses, totalmente ajenas a las de Panamá.
Tal situación, que acumuló descontento social durante décadas por la falta de participación de los panameños en la gestión y beneficios del canal. Se transformó en 1977, no sin revueltas previas y tensiones sociopolíticas, en una serie de acuerdos materializados en el famoso tratado de Torrijos-Carter. Gracias al cual se pactó la devolución gradual de la zona controlada por EE.UU, y que se completaría en 1999. Pese al gran paso que significó dicho tratado, antes de la entrega definitiva del canal, Panamá tuvo que soportar una dictadura apoyada por los estadounidenses, y a su vez, una invasión para derrocarla, 1989. De modo que no sería sino hasta finales del siglo XX que los panameños pudieran hablar de una verdadera democracia y de una república sin más injerencias externas.
La era democrática
El restablecimiento de la democracia, permitió de nuevo la activación de los partidos políticos. Así como el sistema electoral y la convocatoria a elecciones generales cada cinco años. Claramente, si bien esto ha permitido la normal alternancia en el poder, así como la estabilidad del país. El sistema político panameño, y en particular, su democracia sigue enfrentando diferentes desafíos de cara a su consolidación. Durante la era democrática, Panamá ha tenido siete presidentes y una importante restructuración de su sistema de partidos si consideramos las épocas previas a la dictadura de Noriega y al período de fuerte influencia norteamericana.
Gobiernos como los de Endara (1990) y Balladares (1994), del Partido Panameñista el primero y del Partido Revolucionario Democrático (PRD) el segundo. Se concentraron en realizar importantes reformas al estado, enfocadas en la privatización de instituciones de servicios públicos, así como puertos o empresas estatales. Igualmente, se llevaron a cabo reformas laborales y programas de ajuste económico de tinte neoliberal, pese al ideario socialdemócrata de partidos en el poder como el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Los tropiezos de la democracia
Esta nueva etapa política permitió al mismo tiempo, la creación de otras corrientes más democráticas en la mayoría de partidos políticos y cambios constitucionales. Destacable es dentro de este período el gobierno de Mireya Moscoso desde 1999, año en que Estados Unidos entregó por completo la administración del canal a la nación. Este quinquenio fue especialmente importante para la restauración democrática, de la infraestructura y los Derechos Humanos. Así como el inicio de una lucha contra la corrupción a partir de diversas investigaciones y juicios. Junto con la promoción de una mayor rendición de cuentas y transparencia.
Gobiernos posteriores como los de Torrijos (2004), Martinelli (2009) y Varela (2014) se enfocaron a su vez en un fuerte desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura nacional. Siendo muestra de ello la ampliación del canal para una mayor capacidad. Así como otros proyectos de gran envergadura para potenciar la competitividad económica del país. Pese a la importancia de estas obras, tras ellas y sus gobiernos titulares, no dejan de estar presentes delicados casos de corrupción. Es el caso del desfalco a la Caja de Ahorros y otros más sonados por su repercusión internacional como el caso ‘Odebrecht’ y los ‘Panamá papers’.
Panamá, deudas sociales y democráticas
Pese a los grandes esfuerzos por ampliar el sistema político y hacerlo más democrático tras la era Noriega. Al igual que impulsar económicamente el país por medio de políticas de desarrollo fuertemente centradas en la infraestrucura. Lo cierto es que, en Panamá, al igual que en otros países de Latinoamérica, temas como la enorme desigualdad y la corrupción siguen estando bastante anclados a la agenda. Así como a los reclamos de los sectores sociales y populares que, a lo largo de décadas se han visto excluidos e invisibilizados de los escenarios de participación y decisión. Más recientemente, la situación ocasionada por la pandemia, agudizó, como en muchos otros lugares, los síntomas de una crisis latente.
Esta crisis se caracteriza, por un lado, por enormes brechas sociales producto de la instauración de un modelo político-económico de fuerte orientación neoliberal. En el que se ha priorizado la inversión en infraestructuras para favorecer el crecimiento económico de ciertas regiones en particular. Como es el caso de Ciudad de Panamá y Colón, sin que se genere a su vez un efecto derrame en las demás regiones y poblaciones del país. Creando, por supuesto, un elevado índice de desigualdad. Por ejemplo, de acuerdo con la Celag, “los ingresos del 10% de la población económicamente más solvente es hasta 37 veces mayor que los del 10% más empobrecido”.
Por otro lado, también podemos hablar de una crisis institucional o de una “democracia recortada”. Donde la participación política de los sectores más populares y racializados ha sido bastante escasa. O incluso, se ha prohibido la sindicalización de sectores específicos, sin contar con los ya mencionados índices de corrupción. Y más recientemente, la fuerte problemática de migración ilegal a través de su territorio y zonas de frontera.
¿La necesidad de una constituyente?
En conjunto, este panorama ha llevado a fuertes movilizaciones y exigencias por parte de sectores sociales convocando a una Asamblea Constituyente. Frente a la cual gobiernos como el actual de Laurentino Cortizo han presentado una reforma constitucional conocida como “Pacto Bicentenario: cerrando brechas”. Una hoja de ruta que pretende generar acuerdos nacionales en materia de salud, educación, seguridad social. Dicho pacto ha reunido las propuestas e iniciativas ciudadanas a través de una plataforma, y bajo una metodología que ha recibido muchas críticas, una vez más, por la forma en la que excluye sectores como pueblos originarios sin acceso y habilidades para el entorno digital.
Pese a ello, a finales de 2021 el gobierno de Cortizo presentó el documento final sobre el que trabajaría su gobierno. A su vez, el pasado septiembre se dio a conocer el segundo avance de seguimiento a los compromisos adquiridos. En el cual, según el gobierno se registran avances en el programa educativo, fortalecimiento de la política criminológica y la reglamentación de la ley de la Política Agroalimentaria del Estado. Lo que significa un progreso del 79% en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Rumbo a 2024
Panamá se enfrenta el próximo año un nuevo relevo en el poder presidencial y legislativo. Si consideramos todos los antecedentes ya expuestos, sobre todo el más reciente y relacionado con el Pacto Bicentenario. Las nuevas fuerzas políticas y candidatos deberían seguir la misma línea e incluso ampliarla, de cara a solventar las demandas sociales y económicas de sectores históricamente excluidos. Temas como la desigualdad, la integración regional, y por supuesto la corrupción, siguen siendo centrales para poder hablar de la consolidación de la democracia panameña. Otro gran tema que tiene a los panameños en las calles es la aprobación de un contrato ley que que otorga concesión a la minera, o más bien, la prorroga al que ya existía desde 1997.
Así que la carrera hacia 2024 apenas empieza.
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