La Ley de la Fractura Tecnológica: El Nuevo Reto para la Democracia en la Era Digital
La ley de la fractura tecnológica es un concepto que se refiere a la creciente división entre aquellos que tienen acceso y la capacidad de aprovechar las tecnologías avanzadas y aquellos que no. Esta brecha se hace evidente no solo en términos de acceso a dispositivos y conectividad, sino también en la capacidad de usar y beneficiarse de las tecnologías emergentes, lo que tiene profundas implicaciones para la equidad social, económica y política.
En mis talleres suelo resumirlo como: Los cambios tecnológicos siempre llegan más tarde a la población general y a las administraciones públicas/políticos que obvio a los early adopters. Pero la forma más sencilla de entenderlo es con esta gráfica que acompaña el texto y que saco de la revista Pymes y Autónomos:
¿Qué es la fractura tecnológica?
La fractura tecnológica no es solo la brecha digital tradicional, donde el acceso a internet o dispositivos es el principal problema. Va más allá, abarcando las diferencias en la capacidad de las personas, instituciones y países para adaptarse y aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el big data, el Internet de las Cosas (IoT) y blockchain. Estas tecnologías están reconfigurando el mundo en áreas clave como la economía, la educación, la salud y, crucialmente, la política.
La Ley de la fractura tecnológica propone que a medida que las tecnologías se desarrollan más rápidamente, las diferencias entre quienes pueden integrarlas en sus vidas y aquellos que no se ampliarán drásticamente. Este fenómeno tiene el potencial de exacerbar las desigualdades sociales y económicas, y además, crear una clase dividida entre quienes están preparados para las demandas del futuro digital y aquellos que quedan rezagados.
Impacto en la política
En el ámbito político, la fractura tecnológica es especialmente relevante. Los gobiernos, partidos políticos y actores institucionales con mayores recursos tecnológicos pueden utilizar estas herramientas para entender mejor a la ciudadanía, diseñar estrategias electorales más sofisticadas y, en muchos casos, influir en el debate público. Por ejemplo, las campañas políticas que usan análisis de datos e inteligencia artificial tienen una ventaja significativa sobre aquellas que no pueden acceder a estas tecnologías.
Además, los ciudadanos desconectados o con menos conocimientos tecnológicos pueden ser excluidos de participar plenamente en los procesos democráticos (un ejemplo que siempre digo, aquellos procesos particpativos de primarias que solo son posible mediante el uso de una aplicación). Si bien las herramientas digitales facilitan el acceso a información y promueven la transparencia, también pueden dejar atrás a quienes carecen de los medios o habilidades necesarias para utilizarlas de manera efectiva. Esta brecha no solo es una cuestión de acceso, sino de capacidad para comprender y actuar dentro de un ecosistema político cada vez más digital.
La fractura tecnológica en la administración pública
Los gobiernos están experimentando una presión creciente para modernizarse y adoptar nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, no todos los países o regiones tienen los mismos recursos para hacerlo. En muchos casos, los gobiernos de economías avanzadas están implementando soluciones tecnológicas que transforman la prestación de servicios públicos, mientras que otros países luchan por garantizar la conectividad básica a sus ciudadanos. Esta disparidad crea una desigualdad institucional que puede afectar la calidad de vida de las poblaciones y la capacidad de los gobiernos para ofrecer soluciones efectivas. Y ojo, que no hablo de poner ordenadores o computadoras por ponerlas, algo muy habitual en las administraciones públicas, se trada de modernizar-digitalizar procesos administrativos, de emplear las herramientas tecnológicas al servicio de la sociedad, y no de la empresa X. Como ya sabes si me sigues hace tiempo, hablo del compromiso con la democracia, la soberanía tecnológica, la eficiencia y la transparencia, solo viable mediante el uso de software libre.
¿Cómo mitigar la fractura tecnológica?
Para abordar la ley de la fractura tecnológica en el ámbito político y social, es fundamental que se diseñen políticas públicas que no solo proporcionen acceso a las tecnologías emergentes, sino que también fomenten las capacidades necesarias para aprovecharlas. Esto incluye desde programas educativos enfocados en la alfabetización digital hasta la creación de infraestructuras tecnológicas accesibles para todos los ciudadanos.
En este sentido, los gobiernos tienen un rol clave en promover la equidad tecnológica, asegurando que las poblaciones más vulnerables no queden atrás. Las iniciativas de smart cities o ciudades inteligentes, por ejemplo, deben ser inclusivas, utilizando el IoT y la inteligencia artificial no solo para mejorar la eficiencia urbana, sino también para democratizar el acceso a servicios esenciales. Sin entrar en profundidad en el tema que más me apasiona, soberanía tecnológica y tecnopolítica, como fuerza motriz del cambio, hablamos de no imponer unas tecnologías o marcas sobre otras, fomentar unos estándares privativos sobre los abiertos, que la ciudadanía tenga que realizar desembolsos económicos si quieren relacionarse con la administración pública de turno.
La ley de la fractura tecnológica nos advierte sobre un futuro en el que las desigualdades tecnológicas pueden profundizar las brechas sociales y económicas si no se toman medidas desde ahora. En el ámbito político, esta división puede resultar en una democracia desigual, donde solo quienes tienen acceso y conocimientos tecnológicos plenos pueden participar activamente en los procesos de toma de decisiones. Para evitar esto, los responsables políticos deben actuar de manera proactiva, diseñando políticas que promuevan un acceso equitativo y universal a las tecnologías emergentes y, más importante aún, que desarrollen la capacidad de la ciudadanía para utilizarlas de manera efectiva, sin renunciar a un principio básico, la Soberanía Tecnológica.