Perú 2026: elecciones en un Congreso con poder absoluto

Cómo favorece la última reforma electoral al fujimorismo

Perú se prepara para un nuevo ciclo electoral en 2026 en medio de una crisis institucional, política y de seguridad. Dicha crisis no solo se ha expresado en sucesivos cambios de presidencia en menos de una década. También se ha visibilizado en diversos levantamientos, protestas ciudadanas y violencia estatal. Así como un índice de desaprobación institucional que ya supera el 90%.

Pese a este contexto, el Congreso ha nombrado un gobierno interino hasta el próximo 12 de abril, fecha en la que se celebrarán elecciones generales. La convocatoria a los próximos comicios se hace en el marco de una reciente reforma electoral y constitucional que establecerá nuevas reglas de juego político.

Aspectos como el retorno a la bicameralidad y la profundización del poder en órgano legislativo, son algunos de los elementos más sobresalientes de esta reforma. A continuación, nos enfocaremos en analizar los aspectos clave de este cambio, y cómo podría acentuar aún más el desequilibrio de poderes, dándole mayor protagonismo a ciertas corrientes políticas.

Sistema de partidos en Perú

Históricamente, el sistema político peruano, y en particular su sistema de partidos, se ha caracterizado por una marcada debilidad estructural. Lo anterior se evidencia en aspectos como una alta fragmentación, debilidad ideológica, predominio de un liderazgo personalista y una débil capacidad representativa.

Bajo estas características, algunos análisis académicos, plantean que en Perú coexisten tres tipos de partidos. El primero es de tipo programático, es decir, partidos que fueron sólidos durante el siglo XX, pero que hoy tienen poco peso político y electoral.

El segundo, partidos personalistas, quizá los más influyentes hoy en día, que se caracterizan por ser organizaciones donde el dueño del partido es un líder mediático o regional. Es el caso de Fuerza Popular o Alianza para el Progreso.

Y por último, partidos denominados como coaliciones de intereses, cuyo objetivo es meramente instrumental en términos del acceso al poder. Es decir, que se activan en períodos electorales para lograr representatividad y luego se disuelven.

Sistema político peruano, atomización y desinstitucionalización

Esta caracterización de los partidos, no solo ha generado una fuerte atomización política, sino que también ha afectado la capacidad de representación y legitimidad política. Por otra parte, la falta de institucionalización partidista ha favorecido prácticas como la corrupción o la personalización.

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Esta última, en particular, no solo ha acentuado la acumulación de poder en figuras específicas, sino también la improvisación política y la falta de continuidad institucional. Algo que, a la larga, se refleja en inestabilidad política, institucionalidad frágil y una profunda desconfianza ciudadana.

En este contexto, el Congreso se ha convertido en el espacio de poder más decisivo, no por legitimidad, sino por capacidad de veto. La ausencia de contrapesos institucionales y la debilidad del Ejecutivo han permitido que grupos parlamentarios con disciplina interna —como el fujimorismo— adquieran un protagonismo desmedido.

Por ello, las recientes reformas constitucionales deben leerse no solo como ajustes institucionales, sino como movimientos estratégicos dentro de un ecosistema político desestructurado. Veamos a continuación cuáles son los puntos clave de estas reformas y cómo podría acentuar el desequilibrio de poder actual.

Cuatro puntos clave de última reforma constitucional en Perú

El actual Congreso peruano aprobó en marzo de 2024 una importante reforma constitucional que busca transformar de manera estructural rasgos significativos del sistema político y electoral. Lo aprobado por el órgano modifica cerca de 58 artículos de la constitución de 1993 y redefine las reglas del juego político.

Las transformaciones más importantes se enfocan en:

Retorno de la bicameralidad del Congreso, es decir, se vuelve a institucionalizar el Senado y la Cámara de Diputados. Esta última será elegida a partir de representación proporcional según distrito nacional. Mientras que los miembros del senado serán votados mediante circunscripción nacional o departamental.
El nuevo congreso bicameral, además del control político, tendrá en su poder la creación de comisiones de investigación, la capacidad de interpelar y censurar ministros, negarles o conceder voto de confianza. A su vez, asumirá otras atribuciones de alto nivel como la autorización de tratados internacionales, prorrogar estados de excepción, y permitir el ingreso de tropas extranjeras al país. También ratificará y elegirá autoridades como el Banco Central de Reserva, magistrados del Tribunal Constitucional, Superintendente de Banca, Seguros y AFP, entre otros.
Reelección inmediata e indefinida de congresistas, medida que controvierte e ignora lo decidido mediante voto popular en el referéndum de 2018, cuando el 90% de la ciudadanía votó precisamente en contra de esta medida.
Entre otras medidas también se incluye el voto remoto para miembros de las Fuerzas Armadas y el financiamiento privado de partidos políticos, algo que favorece a quienes cuentan con redes económicas y mediáticas consolidadas.

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Implicaciones y escenarios de la reforma

Considerando lo anterior, la reforma constitucional adelantada y aprobada por el Congreso peruano plantea un escenario donde, en lugar de ampliarse o afianzarse la democracia, se corre el riesgo de erosionar gravemente el equilibrio de poderes.

Como se observa, este nuevo marco constitucional extiende importantes atributos al órgano legislativo en detrimento de un ejecutivo ya menguado por las últimas crisis institucionales y de gobierno.

Por lo tanto, se abre un panorama para que los partidos con mayor musculatura parlamentaria pueden capturar la agenda legislativa, bloquear al Ejecutivo, controlar nombramientos institucionales y perpetuar su posición en el poder. En ese sentido, la reforma no solo transforma las reglas, sino que reordena los incentivos del juego político, favoreciendo a quienes cuentan con estructura y disciplina legislativa.

Desequilibrio de poderes, fujimorismo y deriva antidemocrática

En un contexto de fuerte atomización partidista, donde la mayoría de las organizaciones políticas se orientan bajo el personalismo o son meras coaliciones para acceder al poder, sumado a una débil organización social. Es fundamental leer esta reforma constitucional, por sus características, como una apuesta política de las mayorías parlamentarias para consolidar un régimen de supremacía parlamentaria.

Lo anterior, tiende a institucionalizar un proceso que desde 2016 se viene gestando, gracias a la hegemonía parlamentaria que han mantenido corrientes como el fujimorismo a través de partidos como Fuerza Popular.

Su estrategia ha consistido en convertir al Congreso en un espacio de bloqueo, control y desgaste de los gobiernos rivales, al mismo tiempo que amplía su influencia sobre instituciones clave: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. Algo que ha generado un claro clima de inestabilidad institucional y crisis política que se mantiene a día de hoy.

Visto así, se trata de un escenario donde además de institucionalizar dicha estrategia, se busca profundizarla, lesionando gravemente el equilibrio de poderes y posibilitando una acumulación excesiva de atribuciones.

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Algo que, por el contexto ya mencionado, puede derivar, o bien en una peor crisis institucional y social, o en un autoritarismo parlamentario, donde el ejecutivo sea una figura ornamental y prescindible, mientras que las funciones del mismo se concentren por completo en el legislativo.

Elecciones 2026 y nuevo marco constitucional

La reforma constitucional y electoral aprobada entre 2024 y 2025 constituye un nuevo punto de inflexión en la trayectoria política del Perú. Lejos de corregir la crisis de representación o de fortalecer la institucionalidad democrática, estas modificaciones profundizan el desequilibrio entre poderes y consolidan un modelo de dominio parlamentario diseñado para favorecer a las fuerzas con mayor arraigo histórico y capacidad de control institucional.

Tal como ocurrió en 1990, cuando el fujimorismo concentró poder en la figura presidencial clausurando el Congreso y subordinando al sistema judicial, la reforma actual proyecta una deriva similar: la búsqueda de gobernabilidad a través de la acumulación de poder, aunque esta vez desde el ámbito legislativo. El ciclo parece no cerrarse, por el contrario reabre y reproduce los mismos dilemas democráticos en un contexto incluso más frágil, marcado por la desconfianza social, la desinstitucionalización y la fragmentación política.

En este escenario, la posibilidad de construir instituciones transparentes, estables e independientes vuelve a estar en riesgo. Las fuerzas políticas que aspiren a disputar el poder en 2026 deberán ir más allá de las alianzas coyunturales: tendrán que reconstruir vínculos genuinos con una sociedad civil desencantada, volátil, y apática, pero en definitiva, quien decidirá el rumbo electoral.

En particular, la generación joven, protagonista de las recientes movilizaciones, puede representar hoy el desafío y la oportunidad más decisiva para revitalizar la democracia peruana y quebrar la inercia de concentración del poder.