Perú es hoy uno de los países sudamericanos que atraviesa por una fuerte crisis política, institucional y de seguridad.
Con siete presidentes en menos de 10 años, numerosos escándalos de corrupción, y una criminalidad en aumento, el país vive un alto clima de inestabilidad e incertidumbre sociopolítica.
Pese a las vicisitudes, el sistema político peruano resiste y, de hecho, se prepara para celebrar un nuevo ciclo electoral en 2026. Si bien la corrupción y la atomización partidista ponen en vilo la participación y la legitimidad de las elecciones. La ciudadanía peruana será convocada para la elección, tanto de presidencia, como de vicepresidencia y parlamento.
Considerando este panorama, a continuación, analizaremos los aspectos clave de estas elecciones cruciales, enfocándonos en destacar el calendario y contexto electoral, así como las principales candidaturas inscritas.
¿Cuándo y qué elegirá la ciudadanía peruana en 2026?
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el organismo oficial encargado de gestionar y supervisar las elecciones, en 2026, la ciudadanía estará convocada para elegir los principales cargos de representación a nivel nacional y regional (parlamento andino).
El punto de partida será el próximo 30 de noviembre y 7 de diciembre, fechas en las que se celebrarán elecciones primarias para la selección de candidatos por partidos y alianzas.
La segunda fecha decisiva será el 12 de abril de 2026, día en el cual se celebrarán elecciones generales.
Este día se definirán los cargos de presidencia, junto con dos vicepresidentes. Al tiempo que 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes al Parlamento Andino. Por último, en caso de que ninguna candidatura supere el 50% de los votos, la ciudadanía peruana tendrá una segunda y última cita electoral el 7 de junio para elegir la presidencia.
Crisis de gobernabilidad y auge de la violencia criminal
Pese a que la convocatoria para las próximas elecciones generales se ajusta a los plazos establecidos, el contexto y antecedentes de las mismas, está lejos de ser ordinario. La razón es que el país viene acumulando en la última década una grave crisis política, institucional y de representatividad.
Si bien a lo largo de este período no se llegaron a convocar elecciones extraordinarias, entre el 2016-2021, el país tuvo cuatro cambios abruptos de presidente. En su mayoría, debido a renuncias y destituciones que tuvieron que ver con graves escándalos de corrupción o ilegitimidad política para asumir el cargo.
Mismo panorama se ha repetido en los últimos cinco años, luego de la elección de Pedro Castillo (2021). El expresidente fue destituido por el Congreso y reemplazado en 2022 por Dina Boluarte, quien, a su vez, ha sido destituida recientemente, abandonando el cargo con uno de los índices de desaprobación más altos en la historia 96%, y reemplazada por José Jerí por mandato del Congreso.
Desencanto y hartazgo popular
En definitiva, se trata de un contexto marcado por divisiones políticas, altos niveles de corrupción y desprestigio de lo democrático que se ve reflejado en desencanto y hartazgo popular. Al tiempo que, en importantes niveles de ilegitimidad política, y descontento social expresado en intensas protestas urbanas y enfrentamientos entre la fuerza pública y ciudadanía.
A lo anterior, se suma un fuerte panorama de inseguridad, marcado fundamentalmente por el aumento de la violencia criminal y organizada, materializada en altos índices de extorsión, delincuencia común, y actividades ilícitas que generan altas rentas como la minería ilegal y el narcotráfico.
Tanto la inseguridad que azota al país en diferentes esferas, como la inestabilidad política, son percibidas por la ciudadanía como responsabilidad de una clase política corrupta y cómplice con el crimen. E incluso, que se sirve del mismo para perpetuarse en el poder.
Con todo, las próximas elecciones se presentan como un gran desafío para la clase política peruana que, no solo tendrá que sanear su sistema de partidos y liderazgo, sino que además tendrá que convencer y movilizar a una ciudadanía totalmente apática e incrédula del ejercicio democrático. Todo esto, ante un contexto en el que el crimen organizado transnacional está ganando cada vez más poder y peso en el país.
Partidos y precandidaturas que se preparan para la contienda en 2026
El sistema político peruano se enfrenta por sí mismo a una grave crisis de liderazgo y competitividad política. Pese al gran número de partidos y candidaturas en disputa, por el momento, el respaldo y legitimidad ciudadana están lejos de sustentar esta diversidad.
De hecho, el índice de desaprobación de organismos como el Congreso es tan alto (89%), que el recién nombramiento de Jerí como presidente interino, está en entredicho. A pesar de esto, los diversos partidos políticos terminaron de inscribir sus precandidaturas de cara a las próximas elecciones el pasado 31 de octubre.
De acuerdo con la ONPE son 39 los partidos habilitados para presentarse a elecciones, y 17 las candidaturas y precandidaturas para ocupar la vacancia de la presidencia. Algunos partidos como el Aprista Peruano, Renovación Popular o Acción Popular definirán su candidato en elecciones internas entre noviembre y diciembre de 2025.
Figuras tradicionales frente a outsiders
Entre las candidaturas que más han sobresalido se encuentran figuras tradicionales de la política peruana como Keiko Fujimori, por el Partido Fuerza Popular; César Acuña, por Alianza para el Progreso, y Fernando Olivera, por Frente de la Esperanza. Todas estas son personalidades que por más de dos ocasiones han buscado llegar a la presidencia del Perú, y que se enfrentan una vez más en la búsqueda del apoyo popular.
Por otra parte, también destacan personajes con menos trayectoria en la política, como es el caso del humorista Carlos Álvarez por el partido País Para Todos, el comentarista Phillip Butters por el partido Avanza País y Alfonso López, académico y ex catedrático por el partido Ahora Nación.
Se trata, al menos en el caso de los dos primeros, de figuras mediáticas que pueden convertirse en verdaderos ‘outsiders’, una tendencia que va en aumento en todo el mundo, y que destaca por conectar con nuevas ciudadanías y con la desesperanza frente a los liderazgos tradicionales.
Asimismo, otra de las constantes parece ser la lisita de candidaturas inscritas que podrían presentar altos riesgos de inhabilidades o problemas legales, algo que afectaría su elegibilidad. En este sentido, resaltan nombres como el de Rosario Fernández y su fórmula vicepresidencial Arturo Fernández, exalcalde condenado por difamación. O el de Morgan Quero, quien incumple los plazos de afiliación partidista establecidos por la ley, así como la del exgobernador Vladímir Cerrón, condenado por corrupción, quien ha postulado su candidatura desde la clandestinidad.
La lista de precandidaturas apenas inicia su proceso de depuración. No obstante, lo cierto del panorama es que reina una fuerte atomización partidista, en contraste con pocas intenciones de alianzas que permitan candidaturas más robustas. O bien, el logro de mayor gobernabilidad en instancias como el senado y demás instancias representativas.
Atomización partidista y crisis, ¿vencerá Perú su inestabilidad política?
Perú da inicio a un período electoral que, sin duda, será decisivo no solo para restablecer la estabilidad política, sino también para garantizar unos mínimos de gobernabilidad democrática, seguridad y estabilidad económica.
Tanto partidos como candidaturas se enfrentan a un fuerte panorama de descontento, ilegitimidad institucional y desconfianza ciudadana. Aspectos como los sucesivos cambios de gobierno, escándalos de corrupción y la percepción de una absoluta inacción de las instituciones y representantes por frenar la ola de delincuencia y violencia criminal, han generado un profundo rechazo ciudadano a los políticos y la clase dirigente.
Este hecho requiere, por tanto, de un compromiso genuino por parte de los candidatos con el país, como de estrategias de comunicación, marketing y liderazgo capaces de romper con el descontento y movilizar a la ciudadanía alrededor de acuerdos y proyectos comunes que garanticen la estabilidad.
Además del tema de seguridad y lucha contra la delincuencia, las últimas protestas han demostrado que la generación Z será protagonista en el corto plazo en la definición del rumbo del país. La juventud peruana no solo rechaza el abandono institucional en relación con la criminalidad, también demanda activamente soluciones de empleo, educación y estabilidad económica, banderas propias de las nuevas generaciones para quienes la incertidumbre económica y social se ha vuelto una constante.
Con todo, una candidatura realmente sólida y competitiva, no solo deberá diseñar un plan de gobierno enfocado al fortalecimiento de organismos como la fuerza pública, o la lucha frontal contra la corrupción. Sino que deberá ser capaz de leer al país joven que clama por cambios estructurales y por un país que sepa conectar sus juventudes con los cambios y las demandas globales.