La protección de datos en Costa Rica pareciera carecer de supervisión adecuada, aplicabilidad operativa o firmeza en su cumplimiento por parte del rector, desencadenando que el aparente abuso y las supuestas violaciones están a la orden del día.
Hemos conocido estos últimos días que la inclusión de preguntas con fines cuestionables a escolares costarricenses en las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento del Aprendizaje, más conocidas como pruebas FARO; en una «presunta» abierta invasión a la privacidad de las familias, ha generado gran indignación entre los padres de familia, ciudadanía en general e incluso por los candidatos presidenciales. Y por lo que han dimitido la Ministra y la Viceministra de educación de Costa Rica.
Para explicar el fondo, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP), incluyo en las famosas pruebas un extenso cuestionario de más de 600 casillas con preguntas ajenas al quehacer académico. Estas preguntas, por ejemplo, en el primer capítulo llamado Tronco Común, se les hizo preguntas de índole confidencial sobre su entorno familiar y socioeconómico a los estudiantes. Preguntas como el tipo de material del techo o los pisos de la casa, los servicios públicos que tienen el hogar, si disponen de espacios exteriores, como jardines, terrazas, patio con zona verde y hasta incluso qué tipo de enseres o línea blanca poseen.
Ya reflexionando en este primer capítulo quedan un océano de dudas sobre la pertinencia académica para el «Fortalecimiento de Aprendizaje» que podrían tener estas preguntas, sin entrar en análisis más profundos sobre el interés de capturar este tipo de información, abusando de la privacidad al no existir un consentimiento informado del padre o tutor, obligando al educando usando como mampara una prueba obligatoria aplicada a estos.
Para hacer más hostil el sometimiento al que fueron impuesto los aplicante a la prueba, literalmente se les retuvo por 4 horas en un aula.
Pues claro que muy preocupante que se pida a nuestros niños información privada tipificada en la Ley para la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales (Nº 8968) como sensible, además de un sinnúmero de valoraciones subjetivas y opiniones que evidencian un potencial adoctrinamiento ideológico y de paso, como “presunto” insumo electoral.
Decir además que, estas pruebas han costado a los costarricenses aproximadamente 2500 millones de colones (casi 4 millones de dólares), después de tres años y sin que los resultados fuesen favorables o reflejaran algún retorno de la inversión hecha por el erario público.
Claro que todos los costarricenses arremetieron contra el MEP y contra las violaciones manifiestas, toda vez que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes pareció pintada en la pared, viendo de lejos el descomunal atropello a los derechos de los padres, madres e hijos.
Bueno, acá viene otra la secuela interesante al suceso.
Ante el hecho, Jose Maria Figueres (JMF), Candidato de PLN dijo: «las preguntas implementadas en las pruebas FARO me recordaron a la UPAD, en lugar de ser un método de medición del aprendizaje”.
Para darles contexto les cuento el porqué de esta comparación del candidato del PLN. Sucede que la “Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)”, fue una unidad de análisis de datos que creó el actual mandatario Carlos Alvarado, con el objetivo de ayudarse a tomar decisiones. Pues bien, así parecía hasta que se descubrió que la nombrada organización manejaba datos confidenciales de los costarricenses ¿Con que interés?
Habíamos citado en un artículo previo que
«las campañas electorales siempre se han centrado en los datos, es decir; es un “negocio” de métricas que, aunque sea adornado de cara al electorado con promesas empáticas de solucionar problemas sociales o de luchar por el bienestar común, por el país; las campañas electorales con suerte, son aquella que encontrarán senderos a través del desierto de las encuestas, esos atributos de los votantes, esos datos demográficos, la participación, la recogida de impresiones, la manipulación o ingeniería social del elector y por supuesto, la compra de anuncios para conectarse con los votantes, de manera que los conmueva, los inspire o incluso los manipule«.
Lo cierto es que en el caso de la UPAD, la fiscalía allanó la Casa Presidencial en busca de pruebas y al mandatario y a otros involucrados se les investiga por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, entre otros.
Volviendo al tema de la privacidad y la protección de datos, nos encontramos en la página de campaña de JMF un repositorio con datos sensibles de miembros de mesa o juntas de votación del PLN (listados en MS Excel) que durante días fueron accesibles de forma abierta y pública con un enlace de la propia web (bastaba con pulsar sobre «Materiales» y directamente aparecían todos los listados) y que solo fueron quitados al ser avisados de tal falla (primero anulando el enlace de materiales y posteriormente ya corrigiendo la filtración de datos).
Aquí algunos de los listados que aparecían al entrar al apartado materiales:
Por motivos de confidencialidad y obvio por no redundar en el posible daño que se les causara a todos los relacionados en esos listados no se publica ninguna captura ni dato sensible de esas personas (hablamos de miles).
Queda entonces la pregunta de si tras el escándalo en pruebas FARO y en la UPAD, ¿es de recibo la critica a la recolección y/o exposición de datos sensibles, cuando quien señala parezca estar haciendo lo mismo? ¿Es aceptable que partidos políticos publiquen con acceso libre y abierto, datos sensibles de miembros de mesa (números de teléfonos fijos y celulares, direcciones de correo electrónico, edades, domicilios, etc.)? ¿Las personas que conforman estas listas habrán firmaron el debido consentimiento informado que autorice esa publicación?
La conclusión a partir de estos tres casos, es que en Costa Rica «aparentemente» la protección de los datos de los ciudadanos es deficiente, incipiente o no supervisada, ocasionando esto que cada quien según sus intereses, haga un festín con intenciones desconocidas e incluso impunes, a la vista y paciencia de todos los ciudadanos afectados; derivando en un «presunto» estado de indefensión ciudadana ante el tratamiento de los datos personales sensibles.
Costa Rica es un pais miembro de la OCDE. Vale decir bajo este presupuesto, que en cualquier país miembro de la OCDE, un filtrado de datos como los expuestos tendrían consecuencias legales, economicas y en algunos paises segun la rigurosidad de su legislacion, incluso penas de cárcel.
En este día...
- Elecciones República Dominicana 2024, entre el oficialismo y el rescate - 2023
- Cómo posicionar una página web de política en Google - 2021
- Consultoría política online: la democratización del conocimiento en campañas electorales - 2020
- Estrategias básicas para conversar en una sociedad transmedia - 2018
- LibreCon y su impacto en redes - 2014
0 comentarios