En un proceso electoral, las promesas de campaña son un elemento igual de decisivo que la imagen o reputación de un candidato. Estas ideas, reflejan aquello que define ideológica y políticamente un proyecto, de ahí que se usen como elemento para atraer y captar votantes.
Para que sean efectivas, deben reflejar las necesidades, intereses, anhelos y respuestas a problemáticas de la ciudadanía. Así como conectar ideológica y culturalmente con el contexto de campaña; y por supuesto, ser coherentes, alcanzables y medibles en el tiempo.
Sin embargo, tras ganar unas elecciones, pasar de las ideas a la acción es el paso más desafiante. Esto implica convertir propuestas de campaña en políticas ejecutables técnica y territorialmente. ¿Cómo hacerlo? A continuación, veremos en qué consiste este proceso, y cómo diseñar políticas públicas viables económica y socialmente.
En una campaña, el programa electoral es una especie de contrato entre el candidato y sus votantes. Básicamente, sin un programa electoral, en la mayoría de países, un candidato no podría presentarse a unas elecciones.
En él se definen los problemas de mayor impacto, las estrategias para resolverlos, y el enfoque ideológico o partidista predominante. A cambio, un ciudadano da su voto como forma de respaldo, esperando que luego de las elecciones se cumpla lo prometido.
Luego de ser electo, un candidato debe proponer un plan de gobierno congruente con su programa electoral, y trazar una hoja de ruta para ejecutarlo técnica y financieramente. Por lo tanto, mientras un programa electoral es una declaración de intenciones para gobernar; un plan de gobierno es el documento legal que traduce dichas intenciones en leyes y políticas concretas que buscará implementar.
En esta medida, ambos sirven para evaluar y medir la capacidad de gestión de un político, así como para definir su nivel de legitimidad y popularidad según el complimiento de sus promesas.
Transformar promesas en políticas públicas, implica definir una agenda pública muy concreta, priorizar problemas, generar diagnósticos detallados, y definir acciones efectivas y viables en términos económicos, sociales, territoriales y a largo plazo. Así como evaluar la eficiencia y los resultados de las decisiones tomadas.
Es decir, se trata de aterrizar factores de una realidad compleja, al plano de lo concreto, con el fin de garantizar una verdadera transformación respecto de un tema o problema específico. Por lo general, para desarrollar cada uno de estos aspectos, se habla del diseño de políticas públicas o del ciclo de políticas públicas.
Al respecto, existen diferentes enfoques de diseño e implementación. Algunos conciben este proceso como lineal, por etapas y de arriba hacia abajo. Otros, hablan de un proceso menos racionalizado, donde la intervención de diversos actores, recursos disponibles y fuerzas políticas, es decisivo para el resultado final.
No obstante, el ciclo que suele seguir el diseño de una política en términos generales es el siguiente.
Toda política pública surge de un proceso de definición de prioridades políticas e institucionales. Si bien en una propuesta electoral se tocan temas sensibles basados en la percepción ciudadana sobre problemas centrales.
A la hora de actuar como gobierno, e incluso como Estado, la definición de una agenda pública o institucional, rebasa los aspectos planteados en campaña. Es común que lo que para un candidato fuera relevante, en su gobierno no lo sea tanto. O bien, se combine con otros aspectos más globales.
En este orden, definir una agenda, es un ejercicio orientado a decantar políticas, tomar postura en torno a ciertos problemas, y definir cuáles de ellos son de su competencia y alcance. Es un proceso marcadamente político, y responde a los intereses de quienes conforman el gobierno, así como otros sectores de interés privado y de la opinión pública.
En definitiva, lo contenido en la agenda debe ser aquello que las diversas fuerzas políticas y la ciudadanía considere merecedor de atención pública.
Esta es una fase interdependiente de la anterior, en la cual, la idea es diagnosticar, explorar e identificar causas y consecuencias de un problema. El primer paso es delimitar los afectados, los costes sociales y el territorio perjudicado por el mismo.
En este sentido, son útiles preguntas como ¿quiénes son los afectados? ¿cuál es la magnitud del problema y las dimensiones en las que se expresa? ¿cuáles son las causas subyacentes y multifactoriales? Una herramienta bastante usada en esta fase es el conocido árbol de problemas.
Una correcta definición del problema, debe permitir desagregarlo en un conjunto de pequeños problemas que sean abordables desde lo técnico. Esto es fundamental, porque una política pública es precisamente un conjunto de acciones que contribuyen a transformar un problema concreto, más no a solucionar definitivamente un problema general.
Estos últimos, suelen persistir más allá de un gobierno por las limitaciones institucionales, económicas, burocráticas, o globales. Por lo tanto, es primordial que, al definir un problema, se tengan en cuenta sus diferentes niveles de impacto e intervención para traducirlo en acciones puntuales y efectivas.
Con base en el problema identificado, en la tercera fase, deben plantearse un conjunto de soluciones para atenderlo. En este sentido, el ya mencionado árbol de problemas también puede emplearse para identificar objetivos o áreas de intervención de forma coherente y práctica.
En la formulación de alternativas, es importante identificar aspectos como, la relación costo beneficio, o las implicaciones a largo plazo de la iniciativa. Igualmente, es útil que estas se analicen en función de criterios como la eficiencia, eficacia, equidad y viabilidad política o económica.
Por otra parte, debe evaluarse el impacto y los efectos de acciones que en el pasado hayan pretendido dar solución al problema. Esto puede ayudar a evitar repetir errores; o a retomar lo que ya ha funcionado.
Asimismo, puede ser asertivo el considerar estrategias que desde otros territorios se hayan aplicado a problemas similares. Todo esto, desde un enfoque de resultados y buenas prácticas.
A la hora de tomar decisiones, la mejor alternativa o intervención, es aquella que:
Esta fase es, finalmente, el momento de la acción. Es decir, la etapa donde se concretan las decisiones tomadas anteriormente. Igualmente, el momento de medición de fuerzas y de la asertividad en el diseño del instrumento.
Es una etapa compleja, porque es donde definitivamente, entran en juego todos los actores de la política, no solo la parte institucional, sino también las personas beneficiarias y los territorios.
Al respecto, es común que se planteen diversos enfoques de implementación, unos con una lógica más racional e institucionalizada “Top-down”. En contraste con otros que dan protagonismo a los actores sociales e institucionales locales, “Bottom up”. Es en gran medida de lo que vengo hablando en los numerosos posts que he escrito sobre participación ciudadana y gobierno abierto.
En este orden, la elección del enfoque dependerá de las apuestas políticas e ideológicas del gobierno, así como de su nivel de gobernanza.
Las políticas públicas son la impronta de un gobierno, así como las promesas de campaña lo son de un candidato. El reconocimiento, la legitimidad y la popularidad de un mandatario no solo se mide en función de su gestión de imagen o de su gabinete de comunicaciones.
Sin duda, la efectividad y el impacto de sus políticas es lo que hará que los ciudadanos jamás le olviden, sea para bien o para mal. En consecuencia, cada que un gobierno define una política y la implementa, está en juego su reputación y el respaldo ciudadano.
Por último, es vital que, desde el proceso de diseño de las propuestas de campaña, hasta la construcción de leyes y diseño de políticas, exista coherencia, asertividad, y capacidad de negociación y gestión. En este orden, algunos de los factores que más pueden contribuir al éxito de una política son:
Y por último, lo que a veces suele olvidarse, construir una imagen sólida y transmitir eficazmente los logros.
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