Honduras se prepara para una nueva cita electoral. Los y las ciudadanas, acudirán a elecciones generales el próximo 30 de noviembre para elegir tanto a su nuevo presidente, como a 128 diputados del parlamento local, y 20 del parlamento centroamericano. Así como alcaldías y vice alcaldías.
Tal como sucede con otros países de la región, Honduras enfrenta fuertes desafíos en materia de legitimidad y democracia interna. Desde una oposición dividida, hasta un partido oficialista con poder excesivo y unas Fuerzas Armadas con injerencia política. Al tiempo que otras problemáticas relacionadas con inseguridad, desempleo, emigración, índices de criminalidad, narcotráfico y corrupción.
Considerando este panorama, así como las irregularidades presentadas durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo. Las próximas elecciones generales podrían estar marcadas por escenarios altamente volátiles y riesgos de crisis institucional por falta de legitimidad en el escrutinio de los resultados. Con esto en mente, exploremos más a fondo cuál es el panorama electoral, candidatos y principales temas de la agenda.
Aunque en los últimos meses nuevos partidos se han inscrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las próximas elecciones. El panorama electoral de Honduras sigue estando fuertemente dominado por tres partidos. El partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Nacional Hondureño (PNH) y el Partido Liberal (PL).
Las tres organizaciones definieron sus designados presidenciales el pasado 9 de marzo en unas elecciones primarias cuestionadas por serias irregularidades en materia de logística y transparencia electoral. Tras los resultados, se conocieron las candidaturas de Rixi Moncada, por el partido LIBRE, Nasry Asfura por el PNH y Salvador Nasralla por los liberales. Tanto el candidato del Partido Nacional como del Partido Liberal han sido ratificados este pasado fin de semana en sendas convenciones nacionales.
Del lado oficialista, la candidatura de Moncada, ex magistrada del CNE, ha sido cuestionada al representar la continuidad de la actual administración, sigue siendo ministra de defensa. La cual ha sido fuertemente señalada de excesiva acumulación de poder, e injerencia indebida en instituciones paralelas como el mismo CNE, el ministerio público y el Tribunal Superior de Cuentas. Sumado a esto, el partido y el gobierno de Castro han acumulado una imagen negativa por la influencia que, tras bambalinas, todavía sostiene el expresidente Zelaya. Además, no logra conectar ni emocionar, por más intentos últimos de hacer videos más personales.
Por su parte, en la oposición, el panorama se caracteriza por poca cooperación y pugna al interior de los partidos mayoritarios. Por ejemplo, del lado del PNH, las disputas internas entre Asfura y David Chávez, han debilitado su cohesión. Mientras que la reputación del partido lucha todavía con la condena impuesta por narcotráfico a su anterior líder.
En el caso del Partido Liberal, cuyo candidato electo es Salvador Nasralla, desde ya catalogado como outsider, pesa un historial cuestionado por haber hecho parte del gobierno actual como vicepresidente, cargo al que renunció en 2024 y por liderar el voto protesta, pero mostrar falta de estructura e inconsistencias.
Aunque ambas fuerzas podrían unirse para derrotar al partido en el poder, existen pocos indicios de que así lo pretendan (solo tienen hasta el 30 de mayo para oficializarlo). Más bien parecen enfrascarse alrededor de sus propias pugnas internas, algo que sigue beneficiando al oficialismo de cara a las elecciones.
Además de un panorama político-partidista complejo, el contexto institucional también plantea serios retos para las próximas elecciones. Por un lado, el CNE ha perdido credibilidad al percibirse como politizado y manipulado por el oficialismo. Mientras que las Fuerzas Armadas también parecen estar fuertemente cooptadas, haciendo que su injerencia política haya aumentado visiblemente en el último tiempo.
En este sentido, según un informe publicado por NODO Lab, un laboratorio de investigación estratégica independiente que analiza el panorama electoral en Honduras. La politización de Fuerzas Armadas hondureñas ha sido progresiva durante la administración de Castro. Al punto de que su cúpula militar actúa más como un amplificador del discurso gubernamental que como fuerza neutral en términos políticos.
Honduras sigue acumulando una serie de problemas estructurales importantes que impiden un desarrollo competitivo y amenazan cada vez más su estabilidad, teniendo una gran parte de su población en la economía informal. La actual campaña no puede ser ajena a dichos temas, y para ganar la confianza y legitimidad de la ciudadanía, cada uno de los candidatos deberá proponer soluciones estratégicas, enfocando su plan de gobierno y campaña alrededor de ejes como:
En definitiva, se trata de una agenda altamente exigente y desafiante, no solo en materia de gobierno y gestión, sino también de conexión con una ciudadanía harta de escándalos de corrupción, acumulación de poder y ausencia de soluciones que mejoren su calidad de vida.
Tal como lo plantean algunos informes que analizan el panorama electoral hondureño. Las condiciones actuales generan un escenario altamente volátil e inestable. Sin embargo, pueden vislumbrarse ciertas tendencias con base en el comportamiento del oficialismo y de las demás fuerzas políticas que aspiran a la presidencia.
Dichas tendencias podrían girar en torno a tres posibles escenarios:
Una victoria de LIBRE le permitiría mantener su control institucional, pero aumentaría los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Especialmente si persisten las dudas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas armadas. En un contexto de escasa transparencia, esta continuidad podría desembocar en un mandato débil y crecientes movilizaciones opositoras.
En este contexto, el rol de las Fuerzas Armadas, históricamente influyentes, se vuelve incierto, especialmente si deciden respaldar un bando político. Por lo mismo, la veeduría internacional del proceso electoral se hace cada vez más urgente y necesaria como garantía para sostener la estabilidad y el orden institucional.
En definitiva, las próximas elecciones a celebrarse en noviembre, medirán la capacidad de resiliencia y estabilidad de la democracia Hondureña, ya afectada por graves problemas de corrupción y crisis institucional.
El próximo liderazgo no solo tendrá que competir con un partido oficialista que ha logrado cooptar exitosamente gran parte del aparato estatal, sino también con una ciudadanía poco confiada en la política y la gestión de sus líderes. El sentimiento mayoritario en el país es de indignación y deseo de cambio, pero no a cualquier precio. De igual manera existe un porcentaje importante en la población de apatía, ante lo que puede considerarse que nada cambia y que no sirve votar.
Igualmente, las dudas que pesan sobre la gestión del CNE, así como lo sucedido en las primarias, marcan un preocupante precedente electoral que amenaza con unos comicios poco transparentes y democráticos. Por lo tanto, la veeduría internacional y la presión de los demás partidos y ciudadanía al gobierno actual, van a ser claves para garantizar unas elecciones con normalidad.
Con todo, Honduras se enfrenta a un dilema urgente: o profundiza su deriva autoritaria y su crisis institucional, o inicia una reconstrucción democrática basada en la pluralidad y el respeto a las reglas del juego. El tiempo para decidirlo comienza ahora.
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