De forma bianual, la ONU elabora un informe sobre gobierno electrónico, basado en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés) en el que se valoran una serie de aspectos en torno al gobierno electrónico en 193 países. A grandes rasgos, el EGDI es un promedio ponderado de tres valores normalizados sobre las dimensiones más importantes del gobierno electrónico:
- el alcance y la calidad de los servicios en línea (OSI),
- el estado de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones (TII),
- el capital humano inherente (HCI).
El informe, que se viene realizando desde el año 2003, recoge la situación de todos los países miembros (193) con respecto a la aplicación de las TICs en la administración pública y en la prestación de servicios electrónicos y la participación en línea.
España, aunque no se encuentra entre los primeros 10 puestos, mejora significativamente, pasando a ocupar una honrosa 12ª posición; de hecho, no ha recuperado su posición anterior al informe previo del 2012, cuando pasó del 9º al puesto 23º. En el ranking de e-participación (EPI) nos encontramos en el puesto 19, confirmándose la preocupante tendencia descendente de los últimos cuatro años y colocándonos en el vagón de cola de los países europeos.
Y de nuevo Corea del Sur sigue siendo la reina indiscutible de la administración electrónica, junto a países como USA, Australia, Francia, Singapore o Reino Unido. Mientras que en el ranking de participación es Holanda quien se lleva el gato al agua, eso si, empatada con la propia Korea del Sur. Y motivo de orgullo para Uruguay, que les sigue muy de cerca.
En el ranking global, es decir, el del propio Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI) que engloba los tres componentes descritos, el orden es el siguiente (en orden descendente): Corea del Sur, Australia, Singapore y Francia.
Algo que realmente es sorprendente es el ahorro de costes con la implantación de los servicios electrónicos, la ONU lo cuantifica en 16.136 millones de euros solo en estos dos años. Siendo la diferencia entre un trámite presencial y uno virtual realmente significativo, de 80 € a 5 €.
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Si es cada dos años es bienal, bianual son dos al año.