Desde su llegada al poder en mayo de 2022, el presidente Rodrigo Chaves ha adoptado un estilo político confrontativo y directo, que ha generado tanto apoyo como rechazo en diversos sectores de la sociedad costarricense.
Su administración ha estado marcada por una serie de crisis y escándalos que han puesto a prueba su liderazgo y la estabilidad institucional del país. Esta semana ha sido noticia porque el Congreso de Costa Rica decidió mantener el fuero del presidente Rodrigo Chaves, por lo que el mandatario no podrá ser juzgado durante el tiempo que le resta en el cargo, en relación con una acusación por presunto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A partir del 8 de mayo, ya no tendrá la inmunidad presidencial y será un ciudadano más. En el último tramo de su mandato presidencial hacemos balance, ante la inminencia de las elecciones en Costa Rica.
Durante los primeros tres años de su mandato (2022-2024), Costa Rica experimentó los índices más altos de homicidios en su historia reciente. En 2023, el país registró 800 homicidios, una cifra récord que superó los 600 reportados en 2022. Este aumento ha sido atribuido al crecimiento de actividades delictivas organizadas, como el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de las críticas, el presidente Chaves minimizó la situación, afirmando que el problema «no es tan grande como lo quieren poner» y responsabilizando a jueces y diputados por la crisis de seguridad.
La administración de Chaves ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción. En abril de 2025, la Fiscalía General presentó una acusación formal contra el presidente por el delito de concusión, relacionado con la presunta utilización de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para beneficiar a un exasesor presidencial mediante contratos de servicios de comunicación.
Además, en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso levantar la inmunidad del presidente para que pueda ser juzgado por estos cargos, cuestión que fue resuelta el pasado 22 de septiembre. Este proceso también involucra al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, exjefe de despacho de Chaves.
En junio de 2025, la Fiscalía General acusó al presidente y a varios altos funcionarios de su gobierno, incluyendo al vicepresidente Stephan Brunner y a la ministra de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, de financiamiento electoral ilegal relacionado con la campaña presidencial de 2022. Las acusaciones se centran en el uso de fondos privados y cuentas bancarias para financiar la campaña del Partido Progreso Social Democrático, eludiendo la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones y comprometiendo la integridad del proceso electoral.
Ante estas acusaciones y procesos judiciales, el presidente Chaves ha adoptado una postura confrontativa. En agosto de 2025, denunció un «golpe de Estado judicial» tras la solicitud de la Fiscalía para levantar su inmunidad, calificando las acciones legales como un ataque político en su contra.
Estas crisis y escándalos han afectado la percepción pública de la administración de Chaves. Aunque mantiene un núcleo de apoyo, su popularidad ha disminuido debido a la creciente preocupación por la seguridad y la corrupción. Estos factores jugarán un papel crucial en las elecciones presidenciales de 2026, donde los votantes deberán decidir si mantienen el respaldo al proyecto político actual del partido Pueblo Soberano, liderado por la candidata del bloque oficialista, Laura Fernández, ex ministra de Planificación y Presidencia, o buscan un cambio en la dirección del país de la mano de alguna de las veintena de formaciones políticas que concurren en los comicios.
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