Costa Rica se aproxima a una nueva cita electoral el próximo 1 de febrero de 2026. Los y las costarricenses elegirán no solo al presidente y vicepresidentes, sino también a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.
Aunque las intenciones de voto todavía parecen estar muy atomizadas, y un 47.4% de la ciudadanía no tiene claro su voto, la mayoría de partidos ya han empezado a definir sus candidatos, y algunas organizaciones incluso se plantean acordar alianzas de cara a la contienda.
Estas elecciones estarán marcadas por una gran atomización política y una pérdida de representatividad de los partidos políticos tradicionales. A continuación, ahondaremos en detalle sobre cuál es el clima político que prevalece a escasos 5 meses de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Así como los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobernante del país centroamericano.
El actual panorama político costarricense plantea serios desafíos al modelo de democracia participativa y representativa. Según diversos estudios, la ciudadanía se identifica y valora cada vez menos las organizaciones políticas, lo que ha llevado a una importante pérdida de representatividad de los partidos tradicionales.
En este sentido, un reciente estudio de opinión adelantado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, señala que el 87% de la población asegura no tener simpatía con ningún partido político. Dicho porcentaje presenta un aumento del 7% respecto de estudios anteriores que indicaban que el 80% de la población no se identificaba con ninguna organización política.
Además, los partidos políticos de Costa Rica se encuentran en su nivel más bajo de aceptación ciudadana, con una nota de 4,3 sobre 10, según una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
Lo anterior convierte el panorama político costarricense en altamente impredecible y volátil, y refuerza un estilo político más centrado en el personalismo político. Una tendencia que sigue aumentando a nivel global, y que está llevando a una cierta reconfiguración de los procesos electorales y de gobierno, centrando ambos en el protagonismo de los ya famosos ‘outsiders’. Es decir, un tipo de personajes que rompen todos los esquemas políticos tradicionales y que desafían el ‘establishment’, en algunos casos, incluso, poniendo en riesgo las leyes y la democracia.
En este contexto, no bastan los discursos tradicionales ni las promesas generales. Quien quiera ganar debe articular un relato que conecte con la ciudadanía, utilizar la tecnopolítica de forma estratégica y diseñar una campaña basada en datos, emociones y confianza.
Otros aspectos que destacan a consecuencia de lo anterior, son el gran porcentaje de abstencionismo y participación política. Así como en una gran atomización del sistema de partidos buscando llenar los vacíos de representatividad ya mencionados. Hablamos de que ya se han anunciado 19 candidaturas presidenciales y que aún hay chance de hasta 35 candidat@s presidenciales.
De este modo, nos aproximamos a unas elecciones en Costa Rica donde el énfasis estará puesto en los candidatos, quienes tendrán el gran desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía. Al tiempo que transmitir nuevas ideas y estilos de gobernar. Ante tal avalancha de candidaturas y tanto «ruido» electoral, ¿cómo ser el candidato más apoyado? Creo que en mis últimos posts proponemos soluciones concretas para ello: campañas efectivas, fruto del escenario que cada día más nos encontramos en diferentes países y procesos electorales similares.
Además de los desafíos democráticos y electorales ya mencionados, y pese a ser uno de los países más estables de la región, Costa Rica todavía carga con problemáticas estructurales importantes. La mayoría de ellas relacionadas con la cobertura de servicios básicos como la educación y la infraestructura. Pero también, con un aumento notable de la inseguridad durante los últimos años.
Por ejemplo, en cuanto a la inseguridad, Costa Rica, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, ha experimentado una expansión y fortalecimiento de la violencia criminal. Todo esto, producto de la consolidación del crimen organizado ligado al narcotráfico y de la extensión de este fenómeno por todo el continente. Como es lógico, este aumento de la violencia ha permeado el país, haciendo que los índices de criminalidad y homicidios alcancen cifras récord.
Por su parte, los sistemas de educación y sanidad enfrentan una grave crisis por falta de recursos, cobertura y gestión. Esto, si bien es algo de tipo estructural, deberá ser atendido con rigurosidad por la próxima administración, antes que una profundización de la crisis decante en un mayor descontento social y desigualdad.
A lo anterior se suman otros déficits en infraestructuras urbanas y de movilidad que se evidencian en obras de mala calidad o sin terminar. Así como una escasa planificación que impide el desarrollo y el crecimiento económico, al tiempo que la atracción de inversiones.
De otro lado, en términos económicos y fiscales, Costa Rica enfrenta un serio déficit financiero y un nivel de tributación insuficiente que ha llevado a que dicho déficit alcanzara en 2024 el 3.8% del PIB. Como es de esperarse, este déficit financiero provoca directamente un gasto limitado que afecta las áreas ya mencionadas y la inversión.
Con lo cual, el nuevo gobierno deberá centrarse en adelantar un instrumento tributario que garantice mejorar el equilibrio financiero del Estado, así como movilizar la economía e inversión interna. Pese a esta necesidad, no se debe olvidar que es fundamental conciliar lo financiero con un programa de desarrollo social justo, que realmente pueda impactar las necesidades estructurales que persisten.
Pese a la marcada desvinculación ciudadana de los partidos políticos, el sistema político costarricense solo contempla candidaturas mediante esta figura política. Por ende, tanto partidos políticos tradicionales como otras fuerzas emergentes, ya han empezado a comunicar sus fichas a la presidencia.
En primer lugar, por el lado del Partido Liberación Nacional (PLN), figura Álvaro Ramos como candidato electo, luego de la convención interna celebrada en mayo. Este partido tradicional, que acumula ya tres periodos consecutivos fuera del poder, aspira con Ramos llegar a la presidencia y volver a conectar con un electorado que parece alejarse cada vez más.
Por el lado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la figura de Juan Carlos Hidalgo. El que durante muchos años fue parte del bipartidismo intenta, tras muchos años en el dique seco, retomar el poder con un candidato conocido por su trayectoria televisiva.
A su vez, en partidos como la Nueva República, figura Fabricio Alvarado como líder natural; mientras que, en el Liberal Progresista, destaca Eli Fienzaig. En el Partido Acción Ciudadana (PAC) será la ex primera dama Claudia Dobles; y en el Frente Amplio, la figura de Ariel Robles como propuesta de la izquierda tradicional.
Ana Virginia Calzada Miranda, exmagistrada y expresidenta de la Sala Constitucional, fue ratificada unánimemente como candidata presidencial del Centro Democrático y Social (CDS) para las elecciones de 2026. Este partido concurren por ver primera en las elecciones presidenciales de Costa Rica.
Por último, el partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) de Costa Rica eligió en agosto a la exministra Laura Fernández como su candidata presidencial para las elecciones de febrero de 2026. Fernández, politóloga de 39 años, fue ministra de Planificación y de Presidencia hasta enero bajo el gobierno de Rodrigo Chaves, cuyo movimiento busca continuidad mediante su postulación.
Con todo, las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica se perfilan como una contienda marcada por la incertidumbre, la fragmentación y la desafección ciudadana. A medida que los partidos tradicionales pierden protagonismo y credibilidad, se consolida un modelo político cada vez más centrado en figuras individuales y liderazgos carismáticos, capaces de movilizar votantes en contextos de alta volatilidad.
Lo anterior plantea un desafío central, y es recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, no solo en la política, sino en la capacidad de gestión y gobernanza. Así como la legitimidad de la democracia y las instituciones políticas.
Todo este panorama, exige de nuevos liderazgos, sólidos, empáticos y altamente innovadores, capaces de convertir el descontento en esperanza y la fragmentación en cohesión social. A su vez, los problemas estructurales del país —desde el deterioro de la seguridad y los servicios públicos, hasta el desequilibrio fiscal— exigen respuestas concretas, sostenidas y técnicamente viables.
Desde mi experiencia en campañas en América Latina y en escenarios de alta volatilidad, sé qué estrategias funcionan: desde construir una narrativa diferenciada hasta aprovechar la segmentación digital y los mensajes emocionales que convierten la incertidumbre en apoyo real. Esperemos que las candidaturas sean capaces de llevarlo a cabo.
Por lo tanto, los liderazgos que emerjan en esta elección deberán equilibrar la narrativa disruptiva con la capacidad de gestión real. En definitiva, más allá del carisma o la capacidad de polarización, el próximo gobierno deberá recuperar la cercanía con la ciudadanía a través de una agenda que combine eficiencia, equidad y apertura al diálogo.
De lo contrario, la democracia costarricense corre el riesgo de desgastarse aún más, alimentando el abstencionismo y debilitando el pacto social que ha sostenido su institucionalidad por décadas.
Tras más de 30 años trabajando en comunicación política y en procesos electorales en distintos países de la región, y habiendo tenido la fortuna de haber vivido y trabajado durante años en ese hermoso país, estoy convencido de que Costa Rica necesita en 2026 un liderazgo que no solo prometa cambio, sino que logre articularlo con estrategia.
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