Durante los últimos meses en la sociedad panameña, se ha renovado una importante polémica alrededor de la posible reapertura de Cobre Panamá. Esta mina, considerada la más grande a cielo abierto de Centroamérica, cerró en 2023 luego de que su contrato fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo panameño.
No obstante, el presidente José Raúl Mulino ha planteado la necesidad de su reactivación desde el pasado mes de abril. Todo esto, aludiendo factores económicos y la necesidad de una reactivación económica del país.
Pese a que la explotación de cobre de Panamá representa el 75,8% de las exportaciones del país, ambientalistas, ciudadanos y otras organizaciones sociales han demostrado un rechazo profundo a la operación de la mina y sus riesgos ambientales.
A continuación, analizaremos cuáles son los puntos centrales del debate ciudadano y político actual, en torno a la reapertura de la mina. Y cómo afectaría esta decisión, la ya debilitada popularidad y legitimidad del gobierno actual.
Cobre Panamá inició sus operaciones en 2019 bajo la explotación de la empresa canadiense First Quantum, dando empleo a cerca de 7.000 panameños y generando, aproximadamente, el 1% del cobre a nivel mundial.
Sin embargo, en 2023, luego de multitudinarias protestas en contra de la operación de la mina, ésta cerró. Otras causas conocidas fueron los riesgos ambientales por falta de infraestructura y mantenimiento que alertaban un posible colapso de su presa de relaves. En noviembre de ese año, la Corte Suprema Panameña decidió revocar el contrato de explotación a la empresa canadiense, al considerarlo inconstitucional.
Desde entonces, la actividad en la mina quedó suspendida, mientras que la sentencia mencionada ha marcado un punto de inflexión. Sobre todo, en términos de la minería en el país y de la movilización ciudadana en temas medioambientales.
Pese a la presión social y la sentencia mencionada, la llegada de Mulino en 2024 a la presidencia ha reabierto el debate. El presidente plantea una reapertura negociada de la mina, no solo para dinamizar la economía, altamente dependiente de las exportaciones de cobre, sino también como manera de enfrentar las demandas de la multinacional canadiense al gobierno panameño por el cierre decretado.
Mulino considera que la mina puede reabrirse, garantizarse su explotación de forma segura y planearse un futuro cierre de forma eficiente en términos económicos para el Estado panameño. Es decir, un “abrir, para cerrar”. Además, plantea que dicha reapertura se haga “con prudencia”, “dentro de la ley” y “en función de un beneficio económico que además se necesita a gritos”.
Aunque los argumentos económicos están sustentados en los números, es decir, en el porcentaje del PIB panameño que depende de la minería, para los ambientalistas y sectores sociales defensores de los derechos medioambientales y sociales de las comunidades afectadas, una reapertura no es necesaria. En su lugar, el país debería potenciar otro modelo económico más centrado en explotar su biodiversidad, por ejemplo, a través del ecoturismo, siguiendo el ejemplo de Costa Rica.
De acuerdo con la última encuesta nacional, y aunque First Quantum se ha esforzado por adelantar una campaña pro reapertura, el 63,6% de los panameños encuestados se opone a la reactivación de la mina. Al mismo tiempo, un 60% está en desacuerdo, incluso con una revisión del contrato con la canadiense y una explotación en condiciones diferentes.
Dentro de los principales argumentos que sostienen las organizaciones sociales y ambientales, así como el mismo Tribunal Supremo, para impedir la reapertura de la mina, se encuentran el daño ambiental y la falta de rigor técnico en la operación de la infraestructura que la mina necesita para evitar un desastre.
El riesgo más mencionado, y el más grave, si ocurriese, es el colapso de la presa de relave. Es decir, la gran superficie que alberga las aguas contaminadas con desechos mineros producto de la explotación.
En este sentido, un informe de la Red Mundial de Derecho Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés) publicado en 2024 señalaba que la presa presenta fallos, producto de la erosión.
Dichos fallos se producen porque la represa está construida con material arenoso, aspecto que la hace altamente vulnerable frente al intenso nivel de lluvias de la región. A su vez, los fallos producto de la erosión y las condiciones climáticas podrían estar generando filtraciones al entorno natural.
Precisamente así lo ha señalado Carlos Cruz, integrante de la organización ambientalista y de afectados por la concesión minera, Guerreros del Mar. Cruz ha declarado no estar de acuerdo con las declaraciones del ministro de ambiente, quien indicó que no existe tal contaminación.
En su lugar, el líder señala que realmente son miles las hectáreas de montañas vírgenes devastadas y usadas para las tintas de relave. Es decir, donde se vierten los residuos de la presa mediante la filtración al suelo. Tales filtraciones, que llegan a su vez a corrientes de agua subterránea, han alcanzado ríos que son el sustento de miles de habitantes de Donoso, región donde está ubicada la mina.
Igualmente, comunidades indígenas y costeras vecinas al proyecto, han denunciado esta afectación, sumado a la desaparición de especies importantes. Al tiempo que la desaparición de ecosistemas como humedales y problemas de salud entre los habitantes.
Pese al riesgo ambiental, también persiste el impacto económico negativo que representa el cierre del proyecto en términos de fuentes de empleo, así como sobre los ingresos de la economía general del país. En este sentido, Cobre Panamá supone unos US$5.000 millones en contribuciones directas e indirectas a la economía.
Considerando los riesgos ambientales y los antecedentes del funcionamiento de Cobre Panamá, así como la sentencia del supremo, las declaraciones de Mulino sobre una posible reapertura de la mina y renegociación en cuanto a su explotación, han avivado las tensiones en el país.
Por un lado, está el precedente de las multitudinarias protestas en contra de la operación de la mina en 2023 que llevaron a su cierre. Por otro, los riesgos ambientales ya señalados, con lo cual, las organizaciones ambientales consideran que una reapertura sería innecesaria.
Por ejemplo, lideresas ambientales como Johana Ábrego, abogada y miembro del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), señalan que el “abrir para cerrar” no es necesario. En su lugar, debería auditarse para cerrar y obtener una “radiografía fidedigna y objetiva para saber cómo han sido los manejos en la mina”.
En este orden, las organizaciones sociales y ambientales que protagonizaron las protestas masivas en 2023 amenazan con volver a las calles en caso de hacerse efectiva la reapertura. Al mismo tiempo, acusan a Mulino de ponerse de lado de la empresa canadiense y de violar la ley y la constitución en caso de llevar a cabo su plan.
Reapertura de Cobre Panamá, ¿ahogaría la popularidad de Mulino?
La polémica por la reapertura de Cobre Panamá emerge en uno de los peores momentos para la ya afectada popularidad de Mulino.
Tal como lo señala la más reciente encuesta Vea Panamá, la confianza en el mandatario se ha desplomado paulatinamente en los últimos meses. Además, el 67.9% de los panameños considera que su gestión es “regular” o “mala”. Por su parte, en cuanto a las expectativas a futuro sobre el gobierno, solo el 22.6% se percibe como optimista.
En este contexto, y teniendo en cuenta el porcentaje de la población que se opone a la reapertura de la mina, así como el precedente de 2023, es muy probable que esta decisión afecte aún más sus márgenes de popularidad y legitimidad.
Al respecto, no solo se trata del temor a los impactos ambientales, la ciudadanía y las organizaciones ambientales desconfían del proceso técnico y legal que supuestamente garantizaría una operación “segura”. Sobre todo, en un país donde las instituciones enfrentan una fuerte crisis de credibilidad y una fuerte percepción de corrupción.
Por ende, cualquier decisión que se perciba como opaca o impuesta puede detonar nuevamente las calles. Al mismo tiempo, existe un elemento simbólico poderoso, y es el efecto memoria.
En este sentido, una reapertura de la mina, apenas dos años después del estallido social, puede ser leída como una traición al mandato popular. Con todo, no solo es una medida polémica, sino que podría ser leído como una afrenta directa a la movilización ciudadana que logró presionar para tumbar el contrato anterior.
Con todo, el debate sobre Cobre Panamá representa mucho más que una disputa sobre una concesión minera. Es realmente un termómetro del modelo de país que se está construyendo y cómo se posiciona tanto la ciudadanía como el Estado al respecto.
En un contexto de creciente sensibilidad social y ambiental, insistir en la reapertura de un proyecto con antecedentes tan conflictivos puede convertirse en un error estratégico de largo alcance. Y estaría enviando un mensaje poco alentador hacia otras alternativas económicas para el desarrollo del país, como puede ser el ecoturismo o similares.
La pregunta no es únicamente si la mina puede operar con mayor seguridad o rentabilidad. El debate central es cómo se toman las decisiones públicas, quién las avala y con qué legitimidad social. Por eso, reinstaurar el extractivismo sin garantías ni transparencia, no solo puede afectar los ecosistemas, sino que también deteriora la gobernabilidad democrática.
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