Las políticas de datos abiertos, fruto del esfuerzo de organizaciones sociales y administraciones públicas ha supuesto una revolución en cuanto a la apertura de información, y lo que es más importante, a la generación de valor en torno a datos que hasta no hace mucho apenas se les daba uso.
Existen en la actualidad más de 2500 portales de datos abiertos en el mundo, cifra que crece diariamente. Así como numerosas organizaciones internacionales que fomentan, defienden y promueven los datos abiertos en la Región, entre otras:
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) u Open Government Partnership (OGP) en su nomenclatura anglosajona, iniciativa multilateral voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Inició en 2011 con 8 países y ahora mismo la componen 64.
La Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA) que es una red de organizaciones de la región que busca impulsar la investigación, apropiación y uso de los Datos Abiertos.
Y organizaciones multilaterales con áreas específicas de apoyo a esta temática, como por ejemplo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas o el Banco Mundial, entre otras muchas.
Los Datos Abiertos, o en su nomenclatura inglesa Open Data, presenta información (datos) en formatos abiertos con licencias de uso no restrictiva para que cualquiera pueda acceder a ellos y reutilizarlos. Se consideran que los mismos deben cumplir con 8 principios: públicos, detallados, actualizados, accesibles, automatizados, sin registro, abiertos y libres.
Tal es la revolución que ha supuesto la reutilización de la información de los servicios públicos (RISP) que la Vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital afirmó: “Los datos son el nuevo petróleo de la era digital y la nueva moneda de la democracia”, y no es para menos, según el informe MEPSIR “Measuring European Public Sector Information Resources» de 2006 el tamaño del mercado era de 27.000 millones de euros, mientras que el estudio de Graham Vickery lo cifraba en 40.000 millones de euros. En el caso de España se estima que son más de 5.000 los empleos generados, así como casi 600 millones de €.
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