Panamá tiene una cita pactada con la democracia el próximo año. El 5 de mayo es la fecha en la que los panameños y panameñas decidirán la renovación de sus principales órganos de gobierno y poderes legislativos. Como sucede cada quinquenio, se elegirá un nuevo presidente y vicepresidente, así como los 20 diputados al Parlamento Centromericano.
A su vez, los ciudadanos votarán para elegir sus 71 diputados ante la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales. En definitiva, se trata de un cambio de mando total en las instituciones públicas. Aspecto que puede leerse como la posibilidad de reformar y equilibrar las fuerzas en el poder, o de elegir el continuismo y corrientes políticas tradicionales que han gobernado por años.
El país centroamericano se encamina a unas nuevas elecciones en un contexto bastante caldeado, en el que las protestas multitudinarias que, han llegado a parar gran parte del país, vienen siendo la constante a lo largo de los últimos años. Justamente, días antes de escribir este post, tenemos noticias de una masiva movilización ciudadana en contra de la aprobación exprés por parte del gobierno, de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá. El contrato permite la explotación de la que sería la mayor mina de cobre a cielo abierto en Centroamérica.
Los manifestantes consideran inconstitucional la decisión del ejecutivo, por lo que han procedido a bloquear calles y a adelantar paros en distintos gremios. El descontento social, que no solo cuestiona la política minera del país canalero, sino que también critica las conductas de corrupción en el gobierno, y las condiciones de extrema desigualdad. Plantea que, la fuerte e histórica demanda de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente está aún sobre la mesa.
Aunque el tránsito a la democracia tras la era Noriega significó la posibilidad de una alternancia democrática en el poder. La Constitución de 1972, una de las principales herencias de la época militar, sigue guiando los pasos del pueblo panameño. Si bien la carta magna ha experimentado algunas modificaciones a lo largo de la era democrática, como las aplicadas en 1999 y 2004, en ninguna de ellas la ciudadanía ha tenido una participación directa. El más reciente intento de modificación a la carta magna ha sido llevado a cabo por el actual mandatario Laurentino Cortizo en 2019 sin que tuviera éxito.
Tal como lo reconoce Harry Brown, analista del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá, la decisión de reformar la constitución, sin una propuesta con mayores modificaciones y encabezada por los órganos con menos legitimidad dentro de la ciudadanía, fueron la principales razones para su fracaso. De acuerdo con Brown, “según la encuesta del Cieps, el nivel de confianza en los actores del bloque proponente es aplastantemente bajo. La ciudadanía confía poco o nada en la Asamblea Nacional (83,3%), en los gremios empresariales (81,2%), en el Órgano Ejecutivo (80,9%) y en la Concertación Nacional (71,9%)”. De modo que, “el proceso de reformas constitucionales fue planteado al revés: los actores menos confiables han protagonizado la discusión y la ciudadanía, el más confiable, solamente sería protagonista al final” a través de un referéndum.
Dicho desequilibrio, además de ignorar el clamor ciudadano en cuanto a la agenda temática y sus alcances, no sólo frenó la reforma constitucional. Sino que también avivó aún más el descontento social, haciendo que la ciudadanía se volcara de nuevo a las calles. Lo que finalmente obligó al mandatario a re direccionar la discusión hacia temas como la pobreza y la educación, y a convocar a sectores como las juventudes en la discusión. Pese a dichos esfuerzos, las protestas recientes, que no sólo expresan un desacuerdo con la política minera, sino un descontento institucional generalizado, siguen vigentes. Haciendo que una reforma constitucional, o como lo indica el clamor popular, una Asamblea Nacional Constituyente, sea una de las principales deudas sobre la mesa para las próximas elecciones y candidatos.
Además de la necesidad de una nueva constitución que emane del poder popular, vincule más a la ciudadanía en la gestión del Estado, transformando verdaderamente los temas que afectan el bienestar de la mayoría. El nuevo presidente o presidenta de Panamá tendrá retos colosales en cuanto a la resolución de tema problemas acumulados en materia de desarrollo territorial, pobreza, desigualdad, educación, calidad y ampliación del sistema sanitario, crisis migratoria, entre otros.
En la próxima contienda, y según el Tribunal Electoral, tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto cerca de 3.041.086 panameños. De esa cifra, el 56.22% está afiliada a uno de los 9 partidos políticos que presentarán candidatos para ocupar los diferentes cargos de elección popular. Pese a que cada partido ya ha inscrito oficialmente a su candidato(a) ante los órganos electorales. Se espera que algunos partidos efectúen alianzas de cara a fortalecer candidaturas conjuntas para llegar al poder. Por el momento, las 9 candidaturas activas son:
Si bien las candidaturas enunciadas fueron las inscritas ante el Tribunal Electoral en el pasado mes de julio, el período oficial de campaña recién iniciará el próximo 3 de febrero. Con lo cual el tiempo de las alianzas apenas comienza. Por ahora, el Partido Panameñista (PP) y el CD han decidido unir sus fórmulas en una única candidatura. Así como hacer alianzas territoriales, aunque no sin fisuras y descontentos internos. El partido de Martinelli por su parte, también ha hecho acercamientos con Alianza Para Salvar a Panamá. Eligiendo como fórmula vicepresidencial de ese partido a José Raúl Mulino. Por lo pronto, se espera que los acercamientos se sigan desarrollando y la medición de fuerzas continúe entre los partidos con el fin de perfilar candidaturas más sólidas a medida que el proceso electoral se acerca.
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